Mas de 8 millones de hipotecas podrían verse afectadas, tras una sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 23 de diciembre de 2015, en la que declaraba nulas por abusivas las clausulas referidas a la carga al consumidor de los gastos de Notaría y Registro de la Propiedad, así como el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y gastos extrajudiciales, judiciales o de otra naturaleza, consecuencia del incumplimiento por el prestatario consumidor y los derecho de abogado y procurador, incluso cuando su intervención no resulte preceptiva (sentencia Sala Primera del TS, nº 705/2015 de 23 diciembre)

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